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El preocupante panorama de los centros de reclusión temporal

El preocupante panorama de los centros de reclusión temporal

El panorama al interior de las cárceles colombianas es preocupante y así lo evidencia la Defensoría del Pueblo en un reporte revelado tras una revisión de la situación de los centros de reclusión del país.

Precisamente ya la Corte Constitucional ha proferido tres sentencias en las cuales el alto tribunal ha reconocido un Estado de Cosas Inconstitucionales en las prisiones del país, por la vulneración masiva y generalizada de los derechos más básicos de las personas privadas de libertad.

En su última sentencia, la Corte consideró que el problema era principalmente de una política criminal desarticulada, volátil e incoherente, de la falta de articulación de las entidades territoriales, de un hacinamiento desbordado, reclusión conjunta entre sindicados y condenados, graves deficiencias en la prestación de servicios públicos, alimentación y las condiciones de salud e higiene lamentables.

Según la Defensoría el Pueblo, “un escenario de auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se encontraba en las mismas condiciones para el día 6 de marzo del 2020, cuando el Ministerio de Salud dio a conocer el primer caso de brote de covid-19 el territorio nacional”.

A partir de información entregada por el Inpec, el reporte de la Defensoría señala que para esa fecha 116 de los 132 centros de reclusión a cargo esta entidad presentaban un hacinamiento grave, esto es, por encima del 20% de su capacidad instalada.

El informe destaca que el hacinamiento general era del 51,49 %, esto es, en las cárceles estaban 122.598 personas, cuando la capacidad es para 80.928.

En primer lugar la Defensoría comienza por llamar la atención en torno a la respuesta del Estado por el covid-19.

Destaca que el Inpec declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria con el fin de superar la crisis de salud, pero, fue solo hasta el 14 de abril de 2020, cuando se profirió el Decreto Legislativo 546 por medio del cual se estableció la prisión y detención domiciliaria transitoria en residencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad por el virus.

Revela que esto permitió que se tomaran medidas frente al hacinamiento, “pasando del 51,49 % previamente indicado al 21,08” al pasado 23 de abril.

De todas maneras, la Defensoría destaca que “actualmente, 72 centros de reclusión a cargo del Inpec, presentan un nivel de hacinamiento grave, esto es, por encima del 20% de su capacidad instalada”.

Para la Defensoría del Pueblo, el problema es que la diferencia porcentual entre el mes de marzo del año 2020 y la cifra del año actual, por el cierre de los establecimientos a cargo del Inpec, se trasladó a los centros de reclusión con vocación transitoria del país “agravando aún más en esta crisis, pues estos si que menos cuentan con condiciones dignas de reclusión, pues están diseñados para la reclusión temporal no superior a las 36 horas”.

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Según la Defensoría del Pueblo,  esta es la situación que registran estos sitios de reclusión temporal al pasado 19 de abril

El país presenta un hacinamiento en estaciones de Policía del 186%, con una población total de 19.273 personas, una capacidad para 6.745 personas privadas de la libertad (PPL), una sobrepoblación de 12.528 PPL.

En Unidades de Reacción Inmediata a cargo de la Fiscalía General de la Nación, un hacinamiento del 45%, una población general de 1.995 PPL, con una capacidad para 1.378 PPL.

Toda esta población en detención preventiva o sindicada es de responsabilidad de las autoridades territoriales (alcaldías y gobernaciones) según lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, código penitenciario y carcelario. Autoridades que no cumplen con sus obligaciones

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