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Colombia vive una tensa calma

Colombia vive una tensa calma

EFE BOGOTÁ

Colombia sigue en mitad de la crisis desencadenada por más de dos semanas de protestas, mientras el Gobierno trata de ceder en las demandas para apaciguar el descontento social que vive el país e insiste en invitar a una mesa de diálogo a los convocantes del paro nacional.

Las protestas, que comenzaron el 28 de abril contra la ya extinta reforma fiscal y se han cobrado 42 víctimas mortales (41 civiles y un policía), según lo reportado a la Defensoría del Pueblo, han derivado en un sinfín de peticiones que se podrían resumir en el descontento por las políticas neoliberales del Gobierno y la brutalidad policial con la que ha actuado las fuerzas de seguridad.

El Comité Nacional del Paro, formado por sindicatos y organizaciones que convocaron las primeras protestas, llevó el lunes pasado al Gobierno una serie de exigencias que incluyen el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.

"Estamos listos para sentarnos a negociar", estimó ayer el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, mediador del Gobierno para el diálogo, quien urgió al Comité a dar "una respuesta inmediata".

"El Gobierno desde hace 8 días ha venido mostrando no solamente una voluntad de sentarse a negociar, sino que ha dado muestras claras de su transparencia, de su compromiso por este proceso y lo más importante es que en este momento y en este instante necesitamos una respuesta del Comité Nacional de Paro", alegó Ceballos, usando la palabra que quieren escuchar los sindicatos: negociación.

Sin embargo, en las calles, tomadas sobre todo por gente joven de barrios de estratos bajos y medios, dudan de la relevancia del Comité Nacional del Paro como interlocutor ante sus demandas.

Por eso, el Gobierno también ha intentado otras formas, como reuniones con jóvenes o anunciar la gratuidad para el segundo semestre del 2021 de la matrícula para las universidades públicas e institutos de educación superior a quienes proceden de estratos 1, 2 y 3, es decir, los barrios más pobres.

Esto supone, según el Gobierno, que el 97% de los estudiantes de universidades públicas, instituciones técnicas y tecnológicas tengan "cubierta su matrícula".

Estos movimientos pueden hacer -como está pasando- que sigan "las movilizaciones para presionar pero probablemente con menos desmanes y ya no con bloqueos que afectan a las ciudades", consideró el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario Yann Basset.

"Estamos en un período de negociaciones con bastante incertidumbre", sugirió.

Vuelta a la calma

Ya sea el cansancio, la espontaneidad que está caracterizando a las movilizaciones o esta sensación de que se pueden conseguir cambios, las protestas bajaron de intensidad ayer en todas las ciudades, después de que decenas de miles de personas volvieran a salir el miércoles a las calles.

En Bogotá, centro de las mayores protestas pacíficas, Transmilenio, el sistema de transporte público, informó que hasta pasado el mediodía no hubo bloqueos significativos, lo que deriva en que se cierran las operaciones y miles de personas deben acudir a la bicicleta o a caminar para regresar o ir a sus lugares de trabajo.

En Cali, epicentro de las protestas, el alcalde, Jorge Iván Ospina, tuvo un pequeño momento de tensión al instalar la reunión del "Pacto por la juventud" y tener que retirarse del lugar porque los jóvenes no permitieron que el acto finalizara.

Alegaban que mientras el alcalde estaba con ellos el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) tiene sitiados barrios como Siloé y Puerto Resistencia, donde los jóvenes están dando la cara en las protestas.

"Eso no fue cierto", dijo un miembro del gabinete de prensa de Ospina, quien aclaró que ante la situación Ospina se retiró del lugar y no se pudo instalar la mesa.

Denunciados ante la CPI

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones en Colombia. En la misiva señala al presidente, Iván Duque; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, como los responsables de los hechos.