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Al menos 16 muertos en protestas, según la Defensoría del Pueblo

Al menos 16 muertos en protestas, según la Defensoría del Pueblo

EFE Bogotá

Las protestas de los últimos seis días en Colombia en contra del cuestionado proyecto de reforma tributaria, ya retirado por el Gobierno, dejan al menos 16 muertos y más de 700 heridos, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.

Según datos de la institución, que no dio detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de las muertes, en las agitadas jornadas también "han resultado heridos 254 civiles y 457 policías", pero otras fuentes dan cifras mayores tanto de fallecidos como de lesionados.

Las protestas, que continúan hoy, comenzaron el pasado miércoles de manera pacífica en las principales ciudades del país pero los hechos de vandalismo y desmanes en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han aumentado la tensión social.

El presidente, Iván Duque, anunció el domingo el retiro del polémico proyecto presentado el 15 de abril por el Ministerio de Hacienda y solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos para así evitar la incertidumbre financiera.

El Comité promotor de las protestas dio hoy una rueda de prensa en la que la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Martha Alonso, dio unas cifras de fallecidos más altas que las de la Defensoría.

"Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia", expresó.

Alfonso agregó que durante las manifestaciones han documentado "726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos", y que "más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo".

Denuncian abuso policial

A falta de datos oficiales, la ONG Temblores alertó además que durante los cinco días previos de protestas fueron asesinadas 21 personas, 92 fueron víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y otras 672 fueron detenidas arbitrariamente.

La organización investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías y documenta cuatro denuncias de violencia sexual por los que son señalados miembros de la fuerza pública.

Sobre esas denuncias, el director de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, aseguró hoy en una rueda de prensa que hay 26 investigaciones preliminares con las que se pretende aclarar las circunstancias de los homicidios y las agresiones físicas, así como determinar si en esos casos los uniformados de la institución han tenido alguna responsabilidad.

En esa misma intervención, el ministro de Defensa, Diego Molano, eludió dar detalles sobre las muertes pues según dijo, "debe ser la Fiscalía General la que determine como autoridad responsable y competente cuáles de las víctimas de estos días están asociadas específicamente" a las protestas.

"Lamentamos la muerte de todas las personas que han estado en estas manifestaciones y que por producto de la acción criminal de los vándalos han perdido su vida", dijo el ministro.

"Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y el ELN", dijo Molano al anunciar que las autoridades han registrado 540 policías y 306 civiles heridos durante las protestas.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró hoy por su parte que "tras 5 días de protestas mayoritariamente pacíficas, no hemos tenido ningún fallecido ni herido por arma de fuego, pero sí lesionados" en la ciudad.

La reforma tributaria aumentaba los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos, entre otras cuestionadas medidas.

Con el proyecto el Gobierno aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) para mejorar el estado de las finanzas púbicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda ha aumentado con la pandemia de covid-19.