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Pesca de tiburones en Colombia, un debate profundo

Pesca de tiburones en Colombia, un debate profundo

Un tuit encendió la polémica: “Inadmisible el nuevo decreto del Ministerio de Agricultura frente a los porcentajes permitidos de pesca de tiburones y aletas en Colombia”.

Con este mensaje, Sandra Bessudo, bióloga y directora de la Fundación Malpelo, inició un álgido debate público sobre la resolución 350 de 2019, emitida por la cartera en cuestión, que regula las cuotas de pesca artesanal para el próximo año.

Un tuit encendió la polémica: “Inadmisible el nuevo decreto del Ministerio de Agricultura frente a los porcentajes permitidos de pesca de tiburones y aletas en Colombia”.

Con este mensaje, Sandra Bessudo, bióloga y directora de la Fundación Malpelo, inició un álgido debate público sobre la resolución 350 de 2019, emitida por la cartera en cuestión, que regula las cuotas de pesca artesanal para el próximo año.

Aunque la norma se emite anualmente y sin grandes variaciones desde el 2011, esta es la primera vez que provoca el rechazo unánime de diferentes grupos ambientalistas del país.

El documento, con fecha del 25 de octubre, autoriza la pesca de hasta 125 toneladas de tiburón, que incluyen 5,2 toneladas de aletas de la especie Carcharhinus falciformis, en el mar Caribe. Además, en el océano Pacífico, permite la pesca de 350 toneladas de tiburón, de las cuales 6,3 toneladas corresponden a Alopias pelagicus; 1,5 toneladas, a Alopias superciliosus, y 2,1 toneladas, a Sphyrna corona.

Fue este punto el que llevó a los ambientalistas a sentar su voz de protesta, y llegó, incluso, a motivar una petición en la plataforma 'change.org' para que Minagicultura retire la resolución. La iniciativa ha recogido casi medio millón de firmas.

Los motivos

“La resolución incluye cuotas para especies de tiburones amenazadas en Colombia, que están en el Convenio Internacional de Especies en peligro (Cites). En Colombia no se consume aleta de tiburón, por lo que no debería haber cuotas para su comercialización”, le dijo a este diario Sandra Bessudo.

Por otra parte, en el artículo 2 de la norma se fija una cuota de 2,1 toneladas de Sphyrna corona o tiburón martillo. Felipe Ladino, ecólogo de la Fundación Malpelo, explica que las aletas de estos animales no pesan más de 20 gramos y que “para obtener 2,1 toneladas se tendrían que matar casi 110.000 tiburones. Esto nos preocupa, no sabemos de dónde sale esa información”.

La Fundación MarViva coincide con Malpelo: “Al hacer mención de especies de tiburón incluidas en el Libro rojo de peces marinos de Colombia y que figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la resolución incentiva su captura, lo cual va en contrasentido de la resolución 0744 de 2012, que prohíbe la pesca de este grupo”.

Para las pesquerías, explica Bessudo, lo más valioso del tiburón son sus aletas: “Si bien se quiere controlar el mercado negro de aletas, la resolución lo promueve. Bajo la premisa de que se trata de pesca incidental, los pescadores capturarían más tiburones para comercializarlos y exportarlos al mercado asiático”.

Sin embargo, para el Gobierno la polémica es producto de la desinformación. Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), asegura que las cuotas establecidas para el tiburón no se refieren a la pesca industrial, pues esta práctica está prohibida en el país. “Es para pescadores artesanales, que los capturan de forma incidental”, señala.

“La Ley 13 de 1990 define que el pescado es un recurso de uso público y que se debe establecer una cuota para mantenerlo sostenible”, agrega del Castillo.
En este sentido, Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, explicó que el fin de la resolución “es ejercer un control sobre la comercialización y desalentar la pesca ilegal y el aleteo, no generar confusión”.

El método para estimar las cuotas de pesca, según explicó Lozano, “se basa en calcular un nivel de captura que garantice una biomasa remanente en el mar que permita la sostenibilidad de la especie”. Esto lo determina el Comité Ejecutivo para la Pesca, formado por los ministerios de Agricultura y Ambiente y por el director de la Aunap.

Para Carlos Polo, docente investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, está bien que la resolución regule el recurso para aprovecharlo de forma sostenible; sin embargo, explica que cada país debe fijar unas cuotas de aprovechamiento por especie, “que solo se pueden lograr cuando se tiene información biológica y estadística para hacer evaluaciones poblacionales, con las que Colombia no cuenta”.

Polo continúa: “Cuando se tengan dictámenes de extracción no perjudicial (Denp), es decir, evaluaciones poblacionales que nos permitan saber que lo que extraemos del medio silvestre no lo perjudica, se podrán exportar productos de las especies que están dentro de la resolución”.

Una revisión

Los ministerios de Agricultura y Ambiente aseguraron que la próxima semana revisarán la resolución, pero aclaran que no están fomentando la exportación de tiburón y sus aletas. Mucho menos, el aleteo.

Para Lozano, “es lamentable que, de manera desinformada, se tergiverse el ánimo responsable del Estado por regular el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, así como la lucha contra el tráfico ilegal”.

Por su parte, Andrés Valencia, ministro de Agricultura, explicó que la semana entrante convocarán al comité para aclarar la norma: “No queremos desarrollar una polémica. Nuestro propósito era evitar la pesca indiscriminada del tiburón y hacer una aclaración para que los tiburones no llegaran sin las aletas a los puntos de control establecidos”.

Con el ánimo de evitar interpretaciones que según Lozano son erróneas, “el Gobierno precisará el alcance real de la resolución, enfatizando que no se fomenta la práctica del aleteo. Su objetivo será fortalecer las acciones encaminadas a la protección de las especies y ecosistemas marinos, tal como lo establece el ‘Pacto región océanos: Colombia, potencia bioceánica’, del Plan Nacional de Desarrollo”.

La enseñanza de este ejercicio, concluye Lozano, es que “este tipo de medidas deben tener una pedagogía previa a su expedición”.

REDACCIÓN VIDA@ElTiempoVerde