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Graves hallazgos de la Contraloría sobre arroyo desviado por Cerrejón

Graves hallazgos de la Contraloría sobre arroyo desviado por Cerrejón

En un documento de 89 páginas, la contralora delegada para asuntos ambientales, Walfa Téllez, calificó de ineficiente el informe que el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y Carbones del Cerrejón presentaron para soportar su decisión de seguir permitiendo la desviación del arroyo Bruno, uno de los mayores afluentes del río Ranchería, para expandir su proyecto de explotación de carbón en La Guajira.(Le podría interesar: En vivo: ¿en qué van los pilotos de fracking?)

En pocas palabras, la Controlaría expone que estas entidades decidieron no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación ni considerar el daño irreversible que puede significar para la población que interactúa con ese ecosistema.

Además, lo más grave, según evidencia la Contraloría, es que existen posibles riesgos morales con la información que suministraron, ya que los documentos e información que usaron para sustentar sus conclusiones los aportó exclusivamente Cerrejón.

Es decir, ninguna institución pública suministró información para establecer, por ejemplo, qué estaba pasando con el cauce artificial versus con lo que sucedió con el cauce natural. Esto era importante porque si se iba a decidir regresar o no al cauce natural, tendrían que haber presentado las ventajas y desventajas. 
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La Procuraduría deberá abrir
los procesos disciplinarios en contra de estos funcionarios públicos que están haciendo estos conceptos mal hechos.

En su defensa, el Ministerio de Ambiente le respondió a la Contraloría que “para esta decisión era necesario evaluar el estado de funcionamiento del nuevo cauce con el fin de establecer su condición ambiental, y no se requería un análisis comparativo (antiguo vs. nuevo cauce)”. Pero la Contraloría insiste en que eso no fue lo que ordenó la Corte Constitucional.Por ello, de los 14 hallazgos, siete podrían llegar a ser faltas disciplinarias, dice la Contraloría en su informe.

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Indígena wayú en arroyo Bruno

Carmen Sierra es la docente de la escuela rural donde estudian cerca de 15 niños de la comunidad wayú de El Rocío, en La Guajira. Tomada en el 2016.

De acuerdo con Rosa María Mateus, abogada del Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo, apoderada de las comunidades afectadas, “la Procuraduría deberá abrir los procesos disciplinarios en contra de estos funcionarios públicos que están haciendo estos conceptos mal hechos” –pero le quedará muy difícil, añade Mateus– “porque el concepto técnico con el cual tomaron la decisión no iba firmado por ningún funcionario ni ninguna entidad”.

Cerrejón le dijo al con respecto a la documentación que proporcionaron: “Es información oficial que obra en las entidades y es verificada por estas. La solidez y seriedad de estos informes se han demostrado con los resultados obtenidos y el comportamiento del cauce actual del arroyo Bruno”, dice la empresa en un comunicado.(Vea: Lo que se sabe sobre la vacuna para covid-19 que entra a fase final)

Una historia de larga data

La abogada Mateus asegura que la historia de la desviación del arroyo Bruno empezó en el 2015, cuando las comunidades Paradero, La Horqueta y La Gran Parada escucharon el rumor de que la empresa Carbones del Cerrejón pretendía desviar y explotar el río Ranchería, pero ante las movilizaciones sociales, la empresa desistió.

Más adelante, Cerrejón optó por desviar 3,6 kilómetros el arroyo Bruno para ampliar su explotación de carbón. Ante eso, las comunidades aledañas al cuerpo hídrico impusieron dos acciones de tutela.

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Una de esas acciones llegó al Consejo de Estado, que en el 2016 falló a favor de las comunidades. El Consejo del Estado le ordenó al Gobierno crear una mesa interinstitucional para valorar la compensación de los daños que causaría la futura explotación del arroyo y los impactos que estaba generando el desvío del cauce. En esta mesa están las autoridades ambientales y Cerrejón.

En la segunda acción de tutela, que llegó esta vez ante la Corte Constitucional en el 2017 (sentencia SU698 de 2017), la Corte ordenó frenar el proyecto de Cerrejón por las incertidumbres existentes sobre sus impactos ambientales y sociales.

Arroyo Bruno

La desviación , de acuerdo con Cerrejón, le permitiría ampliar su cobertura de explotación de carbón en La Guajira.

La Corte declaró siete incertidumbres técnicas que el Estado colombiano no había tenido en cuenta en el proceso de los permisos otorgados, que se refieren a los efectos del cambio climático, la relación de la espiritualidad de las comunidades wayús con el río y la pérdida del bosque seco tropical”, explica Mateus.

Entonces, la Corte dijo que esas incertidumbres se debían resolver en el marco de la mesa interinstitucional. Pero, además, determinó que la mesa debía resolver una medida cautelar: si el arroyo debía regresar a su cauce natural o no. “Pero esa mesa, según la Controlaría, no cumplió con ninguno de estos requerimientos, que fijó la Corte”, añade Mateus.

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Hoy, las comunidades afectadas por la desviación del arroyo Bruno cuentan que lo dicho hoy por la Contraloría lo han denunciado por años, pero no fueron escuchados.

Para Luis Misael Socarrás, líder de la comunidad La Gran Parada, es urgente que el cauce regrese a su estado natural porque “ya está demostrado que su caudal ha bajado, ya no hay pescado, y no queremos que le pase lo mismo que les ha pasado a los otros arroyos que Cerrejón ha desviado. El arroyo Bruno surte de agua a varios pueblos, y no nos pueden dejar sin agua”, concluye Socarrás.

Sin embargo, Cerrejón reitera en un comunicado que, “tres años después de desviar el cauce del arroyo Bruno, los monitoreos realizados de fauna y flora confirman la presencia de más de 460 especies animales y de plantas”.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ
REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
[email protected]@Fanzinerosa