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Senado aprobó que mujeres cabeza de familia no paguen pena en cárcel

Senado aprobó que mujeres cabeza de familia no paguen pena en cárcel

La opción para que las mujeres cabeza de familia puedan cumplir su pena fuera del centro reclusorio avanza en el Congreso, pues fue aprobado en el Senado. 

Esta iniciativa legislativa permite la reducción del hacinamiento con una medida sustitutiva. 

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No obstante, algunos parlamentarios advierten que este proyecto generaría un riesgo para las mujeres cabeza de familia, porque podrían convertirse en objetivo de las organizaciones criminales dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico y, de este modo, ellas le apostarían a los beneficios que esta ley les otorga para evadir la punibilidad de los delitos relacionados al comercio de las drogas.

Por esto, la senadora Emma Claudia Castellanos, de Cambio Radical, mediante proposición, adicionó un artículo nuevo al proyecto de ley, que busca "promover medidas de prevención contra los delitos de tráfico de estupefacientes, y otros relacionados en los diferentes centros de interacción de las mujeres cabezas de familia; sean centros educativos o lugares de trabajo para prevenir la utilización de ellas por parte de las redes criminales del narcotráfico". Así como articular la oferta institucional actual de programas que favorezcan a mujeres cabezas de familia con alternativas diferentes al delito.

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Dichas propuestas, advierte la parlamentaria, están enfocadas a estas mujeres que necesitan renovar la mente en un mundo cambiante, ellas deben tener la posibilidad de acceder a programas que las favorezca con alternativas diferentes.

Las mujeres a las que cobijaría esta ley serían aquellas condenadas por los delitos establecidos en los artículos 239, 375, 377 e incisos 2° y 3° del artículo 376 del Código Penal y cuya pena impuesta sea igual o inferior a seis años de prisión, en los cuales se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.

En los casos de mujeres cabeza de familia condenadas por hurto en los que el juez establezca que por sus antecedentes personales, sociales y familiares no es necesaria la ejecución de la pena en establecimiento de reclusión, este podrá otorgar, discrecionalmente, la pena sustitutiva de servicio de utilidad pública.

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De este modo, la ley no aplicaría cuando la mujer tenga antecedentes penales por otro delito doloso dentro de los cinco años anteriores a la comisión del nuevo acto punible o exista concurso con conductas punibles distintas a las señaladas.

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