Política

Piden a alcaldes y gobernadores cumplir con equidad de género

Piden a alcaldes y gobernadores cumplir con equidad de género

El Gobierno le meterá el acelerador a la implementación de la equidad de género y la inclusión de las personas con discapacidad en las entidades públicas.

En una circular, conocida por , dirigida a los alcaldes y gobernadores del país, la Vicepresidencia de la República pide a las entidades territoriales incluir en los planes de desarrollo y programas locales acciones relacionadas con la participación de la mujer en los espacios públicos, la inclusión de las personas con discapacidad y la lucha contra la corrupción.

Para esto se pide destinar un presupuesto específico con el fin de que estos ámbitos tengan permanencia en el tiempo.

Entre las acciones está la de “fortalecer o crear las secretarías y oficinas de la mujer, encargadas de los temas de género, adscritas a sus despachos y con presupuestos y capacidad de formular e implementar políticas públicas sobre esta materia”.

En una columna escrita para este diario, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que, por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo incluye un capítulo de género al que le asignó 5,4 billones de pesos.

El país ostenta hoy el puesto 22 en el ‘Ranking de cierre de brechas de género’, en la medición del Foro Económico Mundial. Escalamos 18 posiciones respecto a 2018, cuando fue 40 en el 'ranking'

“El país ostenta hoy el puesto 22 en el ‘Ranking de cierre de brechas de género’, en la medición del Foro Económico Mundial. Escalamos 18 posiciones respecto a 2018, cuando fue 40 en el 'ranking' ”, dijo la vicepresidenta.

Otra de las acciones que deberán desarrollar los mandatarios locales será la de vincular a las plantas de personal de las alcaldías, gobernaciones y sus entidades adscritas personas con discapacidad en los porcentajes señalados en la normativa, con el fin de garantizar a esta población el pleno ejercicio del derecho al trabajo.

Según la normativa, las entidades del Estado deberán cumplir con un porcentaje mínimo de vinculación de personas con discapacidad según el tamaño de su planta de personal.

A 2023, si la entidad tiene entre uno y 1.000 trabajadores, el 3 por ciento de su planta de personal deberá ser de personas con discapacidad.

Si la entidad tiene entre 1.001 y 3.000 empleos, el porcentaje de vinculación de esta población deberá ser del 2 por ciento.

Las entidades que tengan más de 3.001 trabajadores deberán tener trabajando a personas con discapacidad en un número equivalente al 1 por ciento de la planta de personal.

Según la norma, “deberá promoverse en el interior de las entidades el uso de alternativas y programas como el teletrabajo y horarios flexibles para este tipo de población”.

Los alcaldes y gobernadores también tendrán que impulsar la Red Interinstitucional Anticorrupción, para lo cual “deberán designar a un encargado de recibir información, quejas y advertencias sobre presuntos casos de corrupción”.

En sus planes de desarrollo, las entidades territoriales deberán tener metas específicas e indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de las políticas relacionadas con equidad de género, inclusión de personas con discapacidad y lucha contra la corrupción.