Política

Estas son las objeciones presidenciales a ley de depuración normativa

Estas son las objeciones presidenciales a ley de depuración normativa

A las 4:30 de la tarde de este martes, el Gobierno radicó en el Congreso las objeciones “por inconveniencia” al proyecto de ley de depuración normativa que fue aprobado en junio pasado.

En opinión del Ejecutivo, hay varias normas en las cerca de 11.000 que se buscaba derogar cuya desaparición causarían un traumatismo en el ordenamiento jurídico del país. En otras palabras, no todas las leyes y decretos que contiene ese proyecto de depuración podían quedar sin vigencia.

El caso más protuberante es el de la Ley 600 o antiguo Código de Procedimiento Penal, sin la cual quedarían sin herramientas diferentes autoridades judiciales para llevar los procesos penales contra congresistas y otros aforados.

En este sentido, el Gobierno dice en el documento de objeciones, conocido por , que esta norma “no puede desaparecer” ya que “actualmente se adelantan un gran número de investigaciones por parte de la Fiscalía” a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal y cuyo procedimiento está contenido en la Ley 600.

“Según la Fiscalía General de la Nación a mayo de 2019 se tramitan aproximadamente 81.338 investigaciones en el régimen de la Ley 600”, rezan las objeciones enviadas por el Gobierno al Congreso.

Igualmente, se destaca la derogatoria del decreto de 1953 que creó el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, es decir el Dane. “No existe en el ordenamiento jurídico una norma posterior que justifique su existencia y funcionamiento”, dice el Ejecutivo.

(La Ley 600) no puede desaparecer del ordenamiento jurídico

En el mismo sentido se pretendía derogar una norma de 1962 que establecía que los censos de población debían hacerse cada 10 años. En este caso, el Gobierno dice que “es indispensable que los censos se realicen de manera periódica para contar con una buena calidad estadística”.

En igual situación estaba una norma de 1931 que crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, sobre la cual la Casa de Nariño manifiesta que tampoco existe una “norma posterior que regule su funcionamiento”.

Estas objeciones presidenciales al proyecto de ley de depuración normativa, las cuales son parciales ya que son solamente sobre algunos artículos, deberán ser tramitadas por las plenarias de Senado y Cámara, las cuales resolverán el destino final de la ley de depuración normativa.