Política

'El déficit de protección es por falta de recursos'

'El déficit de protección es por falta de recursos'

La preocupante situación con los líderes sociales en Colombia, donde día a día se conocen agresiones contra esta población, llevaron al Gobierno a responder ante el Congreso por lo que está sucediendo.

El debate fue tensionante desde un principio, especialmente por la inasistencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien se excusó de comparecer debido a que se encuentra en otra ciudad, por lo cual designó para asistir a la viceministra de Defensa, Diana Abaunza.

La primera intervenir por parte del Ejecutivo fue la ministra del Interior, Alicia Arango, quien de manera vehemente que “este Gobierno no es indiferente al asesinato de líderes y para nosotros cualquier homicidio de cualquier colombiano es desafortunado”.

(Vea también: UNP solo admitió 16 % de solicitudes de protección de líderes sociales)

Arango les salió al paso, en su intervención, a las críticas que han surgido en los últimos días sobre la posible negativa de la Unidad Nacional de Protección de solicitudes de protección por parte de líderes sociales.

“Estos estudios de seguridad son supremamente profundos tanto para asignar un esquema como para no asignarlo. Las medidas de protección están dirigidas a líderes sociales en un 70 por ciento”, manifestó la ministra.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, actualmente hay 3.686 líderes sociales con esquemas de protección, 1.235 defensores de derechos humanos con estas mismas medidas y 458 excombatientes de las Farc que cuentan con esquema.

No obstante, Arango reconoció que “puede que haya varios líderes necesitando esquemas de protección, pero no es por falta de voluntad sino por falta de recursos”.

Esta declaración se dio justo después de que, como lo reveló este diario, el propio Ministerio del Interior, en informe enviado al Congreso, dio a conocer que apenas una de cada seis solicitudes fue admitida para estudio de riesgo por parte de la Unidad de Protección.

Puede que haya varios líderes necesitando esquemas de protección, pero no es por falta de voluntad sino por falta de recursos

Entre el primero de enero y el 16 de agosto de este año se presentaron 6.756 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, pero apenas el 16 por ciento (1.093) fueron admitidas para iniciar la ruta de protección.

Por su parte, la viceministra de Defensa, Diana Abaunza, aseguró que tras el proceso de paz “se evidenció que el principal problema no eran las Farc sino las economías ilegales”.

La funcionaria aseguró que se tiene como estrategia para proteger a los líderes sociales la desarticulación de los grupos armados organizados, no obstante se requiere una “intervención integral”.

Militares investigados

El dato que generó mayor preocupación entre lo revelado por la cartera de Defensa es que el Gobierno reconoce que “se registran seis investigaciones disciplinarias por hechos cometidos entre 2017 y 2019” contra miembros del Ejército Nacional por agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El propio ministerio indicó que por esta misma causa se presentaron cuatro investigaciones contra miembros de la Policía Nacional, de las cuales una ya fue archivada.

Y lo que más llamó la atención es que estas investigaciones son solo por actos cometidos en el servicio, pues las conductas que involucran “violaciones de derechos humanos corresponden a la justicia ordinaria”.

Esto coincide con lo revelado hace una semana por la Procuraduría, que indicó que tiene abiertas 18 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública por agresiones a líderes sociales.

De las 18 investigaciones contra servidores de la Fuerza Pública por agresiones a líderes, “14 se han iniciado por posible conducta de homicidio, una por posible abuso de autoridad, una por posibles amenazas y torturas, una por posibles lesiones personales y una por posible estigmatización social”.

(Más sobre este tema: ¿Por qué Duque no asistirá a debate sobre líderes sociales?)

Por parte de la Fiscalía intervino la vicefiscal Martha Mancera, quien manifestó que la Fiscalía trabaja en el esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“Hoy tenemos un 59,5 por ciento de esclarecimiento de estos hechos”, dijo Mancera.
En todo caso, la oposición se mostró inconforme durante el debate por la ausencia del ministro de Defensa y del presidente Iván Duque, quien había sido invitado.


“La indiferencia del Gobierno Duque está desangrando el país, 64 masacres ocurridas este año, 574 líderes y lideresas asesinados. La guerra asoma de nuevo e Iván Duque envía una carta diciendo que no puede asistir porque hay otros compromisos”, manifestó la representante Ángela Robledo.

“Existe una impunidad del 95 por ciento de los casos que son investigados. Este gobierno estigmatiza y criminaliza a los líderes sociales”, concluyó por su parte la congresista María José Pizarro.