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Revelaciones del NYT dan munición a moción de censura contra mindefensa

Revelaciones del NYT dan munición a moción de censura contra mindefensa
Organizaciones solicitan a congresistas que se abstengan de votar el ascenso de mayor general a general del comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez.

COLPRENSA BOGOTÁ

El reportaje que se conoció el fin de semana del periódico estadounidense The New York Times (NYT) en el que se afirma que en el Ejército se estarían exigiendo resultados con la misma política que desencadenó las ejecuciones en el Gobierno de Álvaro Uribe es una prueba que estaba esperando la oposición para impulsar de nuevo la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Hace días la oposición tomó la decisión de retirar un recurso similar que cursaba en la Cámara de Representantes por el caso del asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres, a manos de un cabo del Ejército, al parecer bajo la complicidad de un coronel, que ya fue vinculado a la investigación. Los argumentos eran que el ministro no había sabido manejar el caso.

Fue Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, quien aseguró que lo revelado por el NYT eran la prueba que estaban esperando. “Esta semana presentaremos nuevamente la moción de censura contra Guillermo Botero por falsos positivos e incentivos perversos a cambio de bajas. No más muerte”, señaló.

Se espera que el recurso sea llevado ante el Legislativo en el transcurso de la semana, debido a que la oposición está buscando alianzas con los partidos defensores del proceso de paz con las Farc. De esta manera se abre la posibilidad de que la moción de censura sea apoyada por los liberales, Cambio Radical y La U.

Una vez se presente dicho requerimiento pasará a ser estudiado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes para determinar en qué momento se le daría tramite a dicha iniciativa de la oposición.

Según el New York Times, a comienzos de este año hubo una reunión en las afueras de Bogotá, en la que participaron los 50 principales generales y coroneles colombianos en la que se les pidió firmar un compromiso por escrito para incrementar los resultados de las Fuerzas Militares. Se les habría solicitado anotar las bajas en combate, las capturas y las rendiciones obtenidas en 2018 y duplicar las mismas para 2019.

Según las fuentes del Ejército citadas por dicho medio de comunicación, esta política sería similar a la que originó las ejecuciones, debido a que quienes mostraban mejores resultados eran beneficiados con ascensos y otro tipo de prebendas.

Ante el escándalo que se desató, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que las Fuerza Militares y de Policía deben actuar con apego a la ley, respetando los derechos humanos.

Contra el comandante

Los miembros del Congreso de la República son quienes avalan o no los ascensos de oficiales del Ejército. En el caso del general Nicacio de Jesús Martínez, actual comandante de la Institución no es la excepción. Sin embargo, se conoció que el miércoles llegó a la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado una misiva de 17 páginas en la que entregan información de su carrera profesional.

El documento está firmado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). La solicitud de estas organizaciones es precisa “que se abstengan de votar su ascenso”. En este momento Martínez funge como mayor general y debería ascender a su último cargo: general.

La solicitud de ambas organizaciones se da por cuenta de “que existe evidencia de que bajo su comandancia como segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada Blindada, División Primera, entre el 30 de octubre del 2004 y el 23 de enero del 2006 se habrían cometido hechos de corrupción y violaciones al derecho a la vida”.

Si bien, el general no ha sido llamado formalmente a rendir declaración por estos hechos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni ninguna otra autoridad, reposan informes que darían cuenta de su presunta responsabilidad en posibles ejecuciones mientras estuvo en el cargo antes mencionado.

De acuerdo con el documento, “información recolectada por las organizaciones, el señor Nicasio De Jesús Martínez Espinel estaría vinculado en hechos de corrupción y en por lo menos, 31 casos con 75 víctimas mortales. Asimismo, entre las investigaciones adelantadas por la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales por tropas bajo su comandancia, se ha logrado evidenciar el pago de recompensas a informantes en operaciones irregulares”.

En el informe se lee una serie de fechas en las que presuntamente se habrían cometido acciones contrarias a la ley y en las que estarían inmersos oficiales del Ejército, entre ellos miembros de la Brigada de la cual era jefe de estado el mayor general Martínez.

Periodista abandona Colombia

El periodista Nicholas Casey, de The New York Times, aseguró ayer que abandonó Colombia luego de recibir "acusaciones falsas" por miembros del partido Centro Democrático tras revelar que el Ejército ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.

"He tenido que tomar la medida de salir del país por las acusaciones falsas que fueron lanzados ayer (el sábado) en Twitter y replicadas por varios políticos uribistas en los últimos 24 horas", manifestó Casey en una entrevista con la emisora Blu Radio.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, publicó en Twitter dos fotos del periodista en 2016 junto al mensaje "Este es el 'periodista' Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las FARC en la selva".

"¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el Ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews", agregó la congresista.

Al respecto, el reportero del diario norteamericano aseguró que "este tipo de acusación es falsa y grave, dado la falta de seguridad que Cabal sabe que encontramos en este país como periodistas".

Sobre las acusaciones de Cabal contra Casey, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dijo que "los señalamientos injustos de funcionarios o líderes políticos que vinculan a periodistas con acciones ilegales con el propósito de desacreditar su trabajo son muy peligrosos ya que pueden ser entendidos como instigaciones o apoyos a las agresiones en contra de la prensa".

"Como sucedió en el caso de Nick Casey, las estigmatizaciones suelen estar seguidas de agresiones contra los periodistas y, en algunos casos, de amenazas contra su vida", resaltó la FLIP en su cuenta de Twitter.