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Grupos armados ilegales imponen el terror en cuarentena

Grupos armados ilegales imponen el terror en cuarentena
Imponen reglas draconianas para controlar la epidemia. Aterrorizan a la población civil. Inaudito.

EFE BOGOTÁ

Los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en 11 de los 32 departamentos de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil, según un informe presentado ayer por la organización Human Rights Watch (HRW).

Según el informe, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) acorralan a las comunidades con ataques armados en los que asesinaron entre marzo y junio a nueve personas.

Esos grupos también ordenan cuarentenas y toques de queda más estrictos que los decretados por las mismas autoridades, mediante panfletos y restricciones a la circulación de personas, embarcaciones y vehículos.

Por las restricciones decretadas por el Gobierno para controlar la pandemia, HRW entrevistó telefónicamente a 55 personas en 13 departamentos.

Reglas sin excepción

La organización encontró que en Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, la ley que se impone es la de las balas y los grupos ilegales son implacables.

Las bandas amenazan por medio de panfletos que fueron verificados por HRW con la colaboración de la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, una situación que tiene atemorizados principalmente a los habitantes de Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo.

Una víctima fue el líder comunitario Edison León Pérez, asesinado el 8 de junio en el Putumayo porque, según la Fiscalía, días antes había denunciado que el grupo La Mafia obligaba a los habitantes del lugar a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona sobre síntomas del coronavirus.

El miedo se impone

Según el informe, estos grupos operan "en impunidad total" y aprovechan el pánico y las condiciones propias de la pandemia para aumentar su control, aterrorizando incluso a autoridades locales.

En una rueda de prensa virtual el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que los grupos armados aprovechan la pandemia para intimidar a las comunidades con tres objetivos: reafirmar su control, ganar algún tipo de reconocimiento y proteger del coronavirus a sus miembros.

La covid-19 es un pretexto para consolidar su control social sobre las regiones vulnerables y a su vez esperan que las comunidades los vean no solo como una mafia brutal, sino también como grupos preocupados por la salud de toda la población.

"Un contagio con síntomas graves puede significar una merma grave al interior de las tropas. Hay una preocupación por parte de estos grupos que tiene que ver con su propia sobrevivencia y para evitar un brote de coronavirus imponen estas reglas donde quien paga es la población civil", añadió el director para las Américas de HRW.

Narcotráfico más abandono estatal

Aunque el narcotráfico sigue siendo el principal combustible de los grupos armados, los tentáculos de estas bandas se extienden gracias a los recursos de otras fuentes ilícitas, como la minería criminal. Para Vivanco, los esfuerzos contra estos grupos no serán suficientes mientras el problema central de Colombia siga siendo la falta de amparo y protección del Estado a las comunidades y el acceso a los servicios públicos en regiones devastadas por el conflicto.

El riesgo, explicó, también es alto para los desmovilizados de las Farc y su reincorporación social, dada la "debilidad que ha mostrado el Estado para llenar el vacío que ha quedado con la desmovilización".