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¿Es viable quitar los muros de las universidades públicas?

¿Es viable quitar los muros de las universidades públicas?

Este lunes, y en medio de las discusiones sobre la autonomía universitaria que generó la entrada del Esmad a la Universidad de Antioquia la semana pasada, el gobernador de ese departamento, Aníbal Gaviria, hizo una llamativa propuesta: integrar las universidades públicas a la ciudad, con miras al desarrollo del concepto de ‘univerciudad’.

En una rueda de prensa, el funcionario aseguró que “vamos, gradualmente e inteligentemente, a derribar esas cercas y esos muros que se han convertido en un obstáculo para la integración" y agregó que no se trata de una medida inmediata, sino que deberá ser discutida y analizada con los diferentes actores de la comunidad educativa.

¿Pero qué tan viable es llevar a cabo este proyecto? Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, ve con buenos ojos esta posibilidad, pero considera que una preocupación fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de quitar los muros y las rejas de las universidades es la seguridad.

“Claramente se debe mantener la seguridad, especialmente en recintos cerrados, auditorios, oficinas, laboratorios y afines, pero sí debe ser un espacio de libre tránsito público, como corresponde a la esencia propia de la universidad, como pasa en muchas universidades del mundo”, asegura Lopera.

El experto pone el ejemplo de la Universidad de Córdoba, en Argentina, “que fue la cuna de la reforma de 1918 que proclamó la autonomía y que es el paradigma de muchas de quienes defienden la no intervención del Estado y los derechos de los universitarios”.

De acuerdo con Lopera, “el concepto de educación superior ha cambiado, pues la rendición de cuentas es cada vez más pública y las redes sociales, las leyes y los mecanismos de participación evitan que el temor a una intervención indebida del Estado se dé”.

“Además -continúa-, si la universidad es de y para la sociedad no tiene sentido que sea privatizada por los intereses académicos o que sea escenario para que reinen el microtráfico y prácticas de terrorismo de unos pocos, que intimidan a la gran mayoría. Las transferencias del Estado vienen de recursos públicos e impuestos que paga la ciudadanía, misma que tendría derecho a disfrutar de estos escenarios”.

Por su parte, el profesor universitario y experto en educación Ángel Pérez Martínez explica que, en Colombia, la Ley 30 de 1992 determina que la autonomía universitaria busca en esencia garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, además de asegurar que las instituciones de educación superior puedan definir sus propios estatutos, su organización académica y administrativa y designar sus autoridades.

En ese sentido, “en Colombia para las instituciones de educación superior o básica no existe autonomía territorial; sin embargo, la mayoría de ellas tienen mallas o paredes que impiden integrar los centros educativos al entorno urbano, pero aclaro, en otros países no se matan o se amenazan a los líderes sociales, incluyendo a docentes y estudiantes. Luego el tema es de seguridad y por ello es muy complicado abrir dichos campus”, según dice Pérez.

Según el experto, lo ideal es empezar a abrir e integrar las universidades a las ciudades y sus habitantes, pues son centros públicos que funcionan con los impuestos de los ciudadanos.

Finalmente, Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), coincide con los dos en decir que la seguridad sigue siendo un tema de discusión prioritaria. Agrega que la discusión no significa una solución inmediata, sino que debe ser evaluada en el largo plazo. 

"Quitar los muros expone a las universidades a variables de inseguridad presentes en las ciudades del país. Los campus de muchas instituciones en Estados Unidos y Europa son abiertos, pero esos son contextos sociales que ya resolvieron problemas que nosotros aún no, como el respeto a lo público", señala Torres.

Y apunta: "Es una propuesta a largo plazo que requiere otras estrategias institucionales, y la violencia en las universidades requieres respuestas y soluciones inmediatas. Estamos frente a un problema que no ha sido solucionado ni moral ni judicialmente, por lo que necesitamos que haya investigaciones y sanciones a los responsables de la violencia en las universidades". 

REDACCIÓN EDUCACIÓN