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El exgobernador que busca tumbar fallo condenatorio por 'parapolítica'

El exgobernador que busca tumbar fallo condenatorio por 'parapolítica'

Dos procesos ha tenido que afrontar el exrepresentante a la Cámara y exgobernador Óscar López Cadavid en la Corte Suprema de Justicia: uno por realizar acuerdos políticos con grupos paramilitares y otro por la adquisición de una finca en la que también habría tenido la “ayuda” de los grupos de autodefensa.

El primer caso lo envío a prisión con una sentencia de 7 meses por haber hecho pactos con Pedro Olivero Guerrero, alias Cuchillo, quien, según testimonio de Éver Veloza, habría intervenido en favor de López Cadavid, con presiones a sus oponentes, para conseguir su elección como gobernador del Guaviare.

La versión aceptada por la Corte en 2.011 indicaba que Veloza, alias ‘HH’, habría manifestado que López Cadavid se habría reunido con Vicente Castaño en Paratebueno (Cundinamarca) para coordinar las acciones que permitieran su victoria electoral en los comicios regionales del 2007.

(Lea también: Condenan a ex gobernador por negocios con 'Cuchillo').

El segundo proceso, paradójicamente, no resultó en contra de López Cadavid pese a tener los antecedentes mencionados. El 15 de mayo del 2019, el magistrado Luis Alfonso Rico Puerta revocó la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Orocué (Casanare) que, en la práctica, ordenaba al excongresista y exgobernador la devolución de la finca ‘La Argentina’.

La primera sentencia le dio la razón al ciudadano Luis Armando Rincón, quien alegó que dicho predio fue adquirido por López Cadavid gracias a las presiones que ejercieron los grupos paramilitares en la zona. Sin embargo, el magistrado Rico Puerta determinó que el excongresista y su socio Benedicto Romero no afectaron por la fuerza o viciaron el libre consentimiento del propietario original de la finca para que este la vendiera.

El magistrado dictaminó, además, que se había configurado la caducidad para solicitar la rescisión de ‘La Argentina’ por lesión enorme. “En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, revoca la sentencia apelada por el Juzgado Promiscuo de Orocué, Casanare, en el proceso de Luis Armando Rincón frente a Benedicto Romero y Óscar de Jesús López Cadavid”, dice el fallo.

El 90% de los fallos que se produjeron cuando Leonidas Bustos dirigió la honorable Corte Suprema de Justicia fueron políticos y amañados

¿Consecuencias de estos dos fallos que se contraponen?

El equipo de defensa del excongresista estima que se abre la puerta para tumbar la sentencia condenatoria por parapolítica proferida en 2011. “Mis abogados y yo estamos estudiando el presentar una tutela, para que sea la Corte Constitucional la que entre a decidir entre los dos fallos”, dice el excongresista.

Si la Corte Constitucional selecciona la mencionada tutela, de un total de 640.000 que se presentan cada año para un promedio de 50.000 mensuales, tendrá que examinar si esta es procedente, si las pruebas allegadas a los dos procesos -el que concluyó en la Sala Penal de la Corte Suprema y el que finalizó en su Sala Civil- son las mismas o difieren y si se pueden mantener los elementos objetivos valorados en el primer caso.

(Lea también: ‘El 82 % no aprueba la justicia, eso es un desastre en una democracia’).

Dos aspectos podrían rodear esta nueva etapa. El primero, López Cadavid buscará descalificar el fallo de la Sala penal acudiendo al argumento de la politización de la justicia con el famoso caso del ‘cartel de la toga’. En una reciente entrevista en Bogotá sostuvo que su condena se produjo cuando el magistrado Leonidas Bustos dirigía el ‘cartel de la toga’.

“El 90% de los fallos que se produjeron cuando este señor dirigió la honorable Corte Suprema de Justicia fueron políticos y amañados”, dijo en una clara intención por indicar lo que según su abogada Francy Perdomo Santofimio, fue una persecución política de sus adversarios.

Leonidas Bustos

Leonidas Bustos, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

El 13 de agosto del 2019, la Cámara de Representantes aprobó por 127 votos una acusación contra el exmagistrado Bustos, a quien señalan de hacer parte de una red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, la cual amañaba casos. En su contra fueron presentados los cargos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio.

Los registros oficiales indican que la presidencia de Bustos tuvo lugar en el 2015. La sentencia condenatoria de López Cadavid fue en 2011. Francisco Javier Ricaurte, otro de los magistrados implicados en el ‘cartel de la toga’ fue presidente en el 2008, y Gustavo Malo Fernández no ocupó ese cargo.

(Aquí puede leer: Un Cartier, carros y dinero, entre las pruebas contra Leonidas Bustos).

El segundo aspecto es que el excongresista buscará que se cierren a su favor los procesos de extinción de dominio que en su contra están en las Fiscalía 31 y 2 y para lo cual dice tener una certificación de Estados Unidos en la que se demostraría que pese a estar en la denominada lista Clinton, ya fue excluido de ella.

El solo anuncio de la tutela puede provocar otro tipo de reacciones y movimientos político-jurídicos.
Sus adversarios y todos aquellos que se sintieron afectados por sus decisiones en los tres periodos en la Cámara de Representantes no se quedarán quietos y tratarán de incidir en su contra aportando nuevas pruebas y testimonios.

La palabra final la tendrá la Corte Constitucional, si es que prospera la tutela, de la contrario López Cadavid será un político condenado por la Sala Penal y absuelto por la Sala Civil.