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"El Estado colombiano no ha dado respuestas": Familiares de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justici

Familiares dicen que la Fiscalía tiene un discurso para los medios y otro ante los jueces. La Corte IDH hizo seguimiento a las investigaciones en Bogotá.

Efe Bogotá

Familiares de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia realizaron ayer en Bogotá un plantón para pedir verdad, justicia y reparación a través de los tribunales internacionales porque aseguran que el Estado colombiano "no ha dado respuestas concretas".

"Es vergonzoso que tuviéramos que pedirle a la CorteIDH una visita a Colombia. El Estado en 34 años no ha dado respuestas concretas. En esta jornada está plenamente dicho que los desaparecidos del Palacio de Justicia son una realidad", afirmó Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, un desaparecido del Palacio.

Como parte de su 62 periodo de sesiones extraordinarias, la Corte realizó ayer en Bogotá un seguimiento al avance de las investigaciones que debe realizar el Estado colombiano luego de la condena proferida por ese tribunal en el 2014 por las desapariciones.

Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez, desaparecido, tomó la vocería de los familiares de las víctimas, dijo que el Estado no está preparado y no sabe cómo asumir estos retos cuando hay crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales.

En sus declaraciones señaló que sorprende la postura de la Fiscalía de quien dijo tiene un discurso para los medios y otro ante los jueces de la CorteIDH.

“Frente a estos últimos dicen ‘estamos avanzando en los procesos de investigación’, ‘estamos haciendo las cosas para determinar quiénes son los responsables de las desapariciones forzadas’, pero lastimosamente en la vida real, lo que vemos en sus actuaciones es que no existe tal avance”, denunció.

Recuento

La toma del Palacio de Justicia, situado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, en pleno centro de la capital colombiana, comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Un día después el Ejército retomó a sangre y fuego el edificio, acción que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.

En el plantón los familiares izaron pancartas y rosas rojas mientras pedían al Estado que sus casos sean resueltos porque llevan esperando 34 años sin lograr nada.

Igualmente se mostraron en desacuerdo con las aseveraciones de la Fiscalía que el mes pasado dijo que no hubo desapariciones forzadas en la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, sino una mala identificación de los fallecidos.

El fiscal investigador del caso del Palacio de Justicia, Jorge Ricardo Sarmiento, aseguró que los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años les permiten afirmar "que no fueron casos de desapariciones forzadas, sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados".

"Sí hubo desaparición forzada, nosotros a ellos los reconocimos y los vimos salir con vida y salir bien. Lo lógico era que ellos hubiesen vuelto con sus familiares y lo ilógico fue lo que sucedió, la desaparición", dijo Pilar Navarrete, familiar de un desaparecido.

Responsabilidad

La CorteIDH declaró en el 2014 responsable al Estado colombiano por "ciertas violaciones de derechos humanos" en los trágicos hechos de la toma del Palacio.

El tribunal, con sede en San José, encontró que el Estado es el responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés y David Suspes Celis.

Igualmente lo responsabiliza de los casos de Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, "así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial" del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

Por el caso de los desaparecidos están condenados dos militares retirados, el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega.