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Declaraciones de Merlano avivaron escándalo por contratos en Cartagena

Declaraciones de Merlano avivaron escándalo por contratos en Cartagena

Las declaraciones que la exrepresentante a la Cámara Aída Merlano, prófuga de la justicia colombiana, entregó a la Revista Semana en Caracas, desataron un escándalo en Cartagena en relación al contrato que los empresarios y políticos costeños Julio y Mauricio Gerlein tienen en la capital de Bolívar con el lucrativo negocio de los peajes y el corredor de carga.

“Él (Julio Gerlein) entregó 3 mil millones de pesos en Cartagena para apoyar a una campaña a alcaldía atípica, para que así le prolongaran una concesión que él tiene allá”, señaló Merlano.

Para la veeduría de la rama judicial ‘Vejuca’, se trata del jugoso contrato para el corredor de carga en manos del consorcio Valorcom, del cual Julio Gerlein es presidente de la junta directiva.

A inicios de mayo del año 2018, la Ciudad Heroica fue escenario de una elecciones atípicas que dejaron como ganador a Antonio Quinto Guerra Varela, quien era avalado por el partido Conservador (el mismo partido que había respaldado la campaña de Aída Merlano a la Cámara).

No obstante, Quinto Guerra Varela sólo estuvo 15 días en el poder luego de ser destituido por orden de la Procuraduría General de la Nación. 

Piden cerrar Peajes de Cartagena durante Navidad

Los peajes de Cartagena serían la caja menor de la corrupción en el Caribe.

“El día 26 de junio del año 2018 nosotros presentamos una denuncia penal en contra de los señores Julio y Mauricio Gerlein Echavarría, para que la Fiscalía investigara si ellos habían desviado dineros de esta concesión vial para la compra de votos y el manejo irregular de campañas políticas”, dice Erick Urueta, presidente de la Veeduría de Rama Judicial (Vejuca).

El 3 de julio del mismo año, Julio y Mauricio Gerlein Echavarría fueron llamados por la Fiscalía General de la Nación para rendir interrogatorio por las millonarias sumas de dinero que ellos destinaron para la campaña de la exsenadora Aida Merlano.

“Al Fiscal General de la Nación de la época, Néstor Humberto Martínez Neira, le solicitamos investigar la relación entre los millonarios recursos que produce la concesión vial para el corredor de carga de Cartagena y los peajes, los cuales se le estarían inyectando a campañas políticas por parte de la familia Gerleín Echavarría”, agrega el abogado Urueta.

Desde que estaba el fiscal Martínez Neira ya se habían elevado las denuncias de estos graves hechos, pero hoy la Fiscalía ni ha llamado a Vejuca, el demandante, a dar declaraciones”

Los Gerlein tienen el contrato desde hace más de 20 años

Los Gerlein Echavarría hacen parte de la junta directiva del consorcio Valorcom, que opera el corredor vial, el cual genera 130 millones de pesos diarios, según el mismo Distrito de Cartagena.

“Las declaraciones de Aida Merlano son prueba para las investigaciones que adelanta la Fiscalía desde hace año y medio”, sostiene Urueta.

Los Gerleín Echavarría, a través de diversas empresas, tienen desde mediados de los años 90 el contrato para la operación del corredor portuario, y con el cual, según la veeduría, se estarían alimentando campañas políticas en medio de un círculo de corrupción con dineros públicos.

Las declaraciones de Aida Merlano son prueba para las investigaciones que adelanta la Fiscalía desde hace año y medio

Este polémico contrato también  ha recibido 17 otrosí o renovaciones en más de dos décadas.

La primera firma bajo la cual la poderosa familia costeña manejo los peajes de Cartagena fue Gercom, reemplazada hoy por Valorcom.

Pese a que el contrato venció en diciembre del 2016, pues se cumplió la tasa interna de retorno, y contrario a las protestas ciudadanas que piden acabar con estos peajes en la ciudad, los últimos alcaldes de Cartagena han facilitado que el contrato siga en manos de los Gerlein.  

La Contraloría General de la República declaró el contrato del corredor de carga y los peajes como impacto nacional por un presunto detrimento patrimonial por 3.500 millones de pesos.

No obstante, la Vejuca asegura que el detrimento es de más de 200 mil millones de pesos.

“Desde que estaba el fiscal Martínez Neira ya se habían elevado las denuncias de estos graves hechos, pero hoy la Fiscalía ni ha llamado a Vejuca, el demandante, a dar declaraciones” sostiene Erik Urueta.
 

John Montaño
Redactor de
Cartagena