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Una de cada 5 personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina

Una de cada 5 personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina

Una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina y el Caribe, según la organización Transparencia Internacional, que subraya que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.

El Barómetro Global de la Corrupción, un informe anual confeccionado a partir de entrevistas realizadas con 17.000 ciudadanos de 18 países de América Latina y el Caribe, pone de manifiesto que "más de la mitad" de los ciudadanos cree que la
corrupción está empeorando en su país y que sus gobiernos hacen "un mal trabajo"
para combatirla, pecan de falta de integridad y de laxismo.

Por ejemplo, según la oenegé, el 91 por ciento de los venezolanos "sostiene que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción", al igual que el 79 por ciento de los panameños y el 72 por ciento de los dominicanos.

Muy a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar

Como novedad, el informe de Transparencia Internacional quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción y concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos como la atención médica y la educación.

Según el documento, uno de cada cinco ciudadanos ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que haya pasado por esa situación, y el 71 por ciento de los sondeados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional. Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30 por ciento) y Guatemala (23 por ciento).

Ante esta situación, la organización instó líderes políticos a "reconocer y abordar las  formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres" y a aplicar el Compromiso de Lima sobre la corrupción, adoptado en 2018.

Sobornos y compra de votos

En total, un 85 por ciento de la población de América Latina y el Caribe califica la
corrupción de "gran problema", mientras que solo el 13 por ciento la ve como un problema menor.


"La ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra", señaló Patricia Moreira, directora general de Transparencia Internacional.

La organización ha investigado también los sobornos a la hora de acceder a servicios elementales como la atención médica o la realización de un documento de identidad, por ejemplo. Del total de las personas encuestadas, más de una de cada cinco (21 por ciento) pagó un soborno para obtener estos servicios.

Venezuela es el único país de todos los observados donde la mayoría de los ciudadanos, un 61 por ciento, indicó que les habían pedido pagar sobornos, destaca el informe. Y estas prácticas opacas ganan fuerza en época de elecciones, donde la compra de votos es una práctica habitual en gran parte de los países sondeados.

Según Transparencia Internacional, a una de cada 4 de las personas encuestadas le ofrecieron un soborno durante elecciones nacionales, regionales o locales. Un hábito que suele combinarse con amenazas para que el electorado vote de una determinada manera. En México, una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto y una de cada cuatro fue amenazada con represalias.

Desconfianza

Transparencia Internacional advierte de que estas prácticas corruptas hacen que la ciudadanía pierda la confianza las instituciones. "Muy a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar", denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

Así, en Venezuela, donde el 87 por ciento de los encuestados sostuvo que la corrupción había aumentado en su país en los últimos años, el 90 por ciento de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía.

En Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú ocurre lo mismo: el 90 por ciento de la población aseguró no confiar en esas instituciones. Además, el 53 por ciento de los encuestados cree que la oficina del presidente o del primer ministro y el Parlamento son las instituciones públicas más corruptas.

Represalias

El problema, recuerda la oenegé, es que la gran mayoría de los ciudadanos no conoce sus derechos, a lo que se añade el temor a sufrir represalias si denuncian los casos de
corrupción, algo que le sucede al 73 por ciento de los encuestados.

En algunos países se duda también sobre la eficacia de las denuncias. Mientras que en Brasil el 57 por ciento de la población cree que la denuncia puede servir para que se tomen medidas, en Venezuela solo un 19 por ciento cree que puede ser eficaz.

Aún así, el 77 por ciento de los ciudadanos defiende que denunciar los hechos puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción, por lo que Transparencia Internacional instó a los gobiernos a "canalizar la energía positiva" para "empoderar a la población".

AFP