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Relator de ONU en DDHH habla de informe que presentará sobre Colombia

Relator de ONU en DDHH habla de informe que presentará sobre Colombia

Las tormentas entre el gobierno de Colombia y Naciones Unidas están lejos de terminar. Al informe de la semana pasada de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que generó la airada reacción del gobierno colombiano, se sumará este miércoles la presentación del informe del relator especial, Michel Forst, sobre su visita oficial al país.

Desde el 2014 Forst ha sido el relator especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos.

Aunque, como ocurre con todos los relatores y expertos independientes de la organización, la visita de Forst, a finales del 2018, tuvo lugar por una invitación del Gobierno, la publicación del informe en el que dio cuenta de sus hallazgos fue seguida por una respuesta escrita de la Cancillería cuyo rechazo y vehemencia fue más que llamativo.

Forst asegura en su informe que Colombia es el país con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina y que la gran mayoría de ellos están en peligro por la acción de actores estatales y no estatales, incluidas empresas nacionales y trasnacionales. De igual manera, señala que no tienen un reconocimiento público positivo y que, por el contrario, son deslegitimados y criminalizados.

En su respuesta, Colombia rechazó tajantemente estas afirmaciones a las que calificó de "graves e irresponsables" y sostuvo que el informe evidencia una "actitud crítica y política".

En diálogo con , Forst se refirió a su informe y la reacción del gobierno colombiano.

Después de su visita a Colombia, en su calidad de experto de la ONU, ¿cómo se deterioró la situación?

Lo primero que quiero decir es que deploro esta situación. Cuando me reuní con el Gobierno y me invitaron a visitar el país, antes de que el presidente Duque se posesionara, lo hice con la idea de aportar una ayuda concreta, y de hacer un reporte que fuera, en una primera parte, un diagnóstico.
Partiendo del principio de que el Gobierno hasta ahora iba a empezar a entrar en funciones, ese diagnóstico no buscaba establecer su responsabilidad, ni juzgarlo, sino entender la situación para posteriormente hacer propuestas.
La segunda parte del informe que voy a presentar la próxima semana estaba destinada a guiar al Gobierno en el desarrollo de estrategias que pudieran ser útiles para los defensores. No solo para protegerlos mejor, sino, lo más importante, para anticipar los riesgos que corren y alertar sobre ello.
Porque ya se sabe muy bien que nada puede proteger a un defensor de un asesinato: se puede retrasar poniendo guardaespaldas, chalecos antibalas, carros blindados o rejas, pero cuando los sicarios toman la decisión de matar, ya es difícil evitarlo. La idea es siempre encontrar una manera de anticipar esas masacres.

¿En qué consistía su propuesta?

Mi propuesta, y lamento que no haya sido escuchada, era hacer ese primer reporte, entregarlo y después volver para establecer de qué manera se podían poner en marcha mis recomendaciones. De haberse constatado que era muy difícil, yo hubiera estado ahí para retirarlas, remodelarlas, ajustarlas o brindar asesoría técnica.
Lamentablemente, a pesar de que, en una rueda de prensa pública, el presidente Duque se comprometió a volver a invitarme, y de que hablé en repetidas ocasiones con su consejero para los Derechos Humanos, esa invitación nunca llegó. Por eso el reporte no incluye más información nueva, compilada en el terreno.
Creo que muchas de las recomendaciones concretas que allí formulo no fueron examinadas con seriedad o fueron dejadas de lado. Y en el desarrollo de estrategias no se aprovechó la ayuda que la comunidad internacional podía aportar.

¿Cómo le pareció la respuesta de Colombia?

Son lamentables la forma y el fondo. Me parece que no es normal que un Estado rechace completamente, y de manera tan categórica, el informe de un relator especial.
En países como Honduras, México o Perú, de donde acabo de llegar de una misión, veo que se entiende la importancia de entablar un diálogo con los procedimientos especiales. Que el Gobierno de Colombia lo rechace formal y categóricamente no es una buena manera, para un Estado responsable, de mostrar su compromiso con la protección de los derechos humanos.

A pesar de que todas son altas, el Gobierno insiste en la discusión por las cifras de defensores y líderes asesinados. ¿Cuál es su posición al respecto?

Para mí es una discusión estéril: lo que cuenta no son las cifras, sino los resultados. Y, lamentablemente para Colombia, las cifras son bastante elocuentes. Si se comparan las de la Defensoría del Pueblo, las del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), las de las principales organizaciones internacionales, o si se habla con Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, se ve bien que las cifras son más o menos las mismas. Decir que hubo una disminución importante del número de asesinatos gracias a la acción del Gobierno es un falso reflejo de la realidad.
Porque es fácil excluir de las cifras a una persona y acusarla de ser activista política, de estar vinculada con terroristas o con carteles de la droga. Así se disminuyen artificialmente los números: restando del total de muertos a personas que para mí, para Naciones Unidas y para las organizaciones son verdaderos defensores de derechos humanos. Leí con interés el reciente informe del ACNUDH en Bogotá, que muestra un aumento del 50 por ciento en los asesinatos de mujeres defensoras. ¿Cómo se puede, al mismo tiempo, decir que se tienen buenos resultados? La respuesta del Gobierno también puso en tela de juicio ese reporte, pero no es cuestionando números como se enfrenta la realidad, sino asumiéndola.

Carmen Lucía Castaño

Ginebra, Suiza