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Human Rights Watch alerta sobre el poder de grupos armados en Arauca

Human Rights Watch alerta sobre el poder de grupos armados en Arauca

Según un informe realizado por la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), grupos armados ilegales tienen sitiado al departamento de Arauca.  “Acá se hace lo que ellos dicen, o uno se muere”, relata uno de los testimonios recogidos en este informe de casi 70 páginas que será presentado este miércoles en Bogotá.

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Pero estos grupos no solo azotan a los habitantes de Arauca, sino que también extienden su imperio de terror hacia el estado vecino de Apure, en Venezuela.

El reporte, titulado ‘Los guerrilleros son la policía: control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure’, documenta toda una serie de crímenes cometidos por grupos como el Eln y la disidencia de las Farc ‘Martín Villa’, que, además de controlar el territorio, vienen implementado de manera efectiva una estrategia de manejo social que reglamenta no solo las actividades económicas, como la pesca, sino otras más cotidianas como el pago de deudas y hasta la hora de cierre de los bares.

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“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte, o con meses de trabajo forzado. Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

José Miguel Vivanco de Human Rights Watch

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Según Vivanco, la situación en Apure es aún peor, pues los grupos armados actúan con la connivencia de autoridades locales.

El reporte de la HRW es producto de una visita de campo realizada a Arauca en agosto del año pasado que incluyó entrevistas con más de 100 personas, entre ellos líderes comunitarios, víctimas de abusos, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.

Además del Eln y la disidencia de las Farc, HRW también atribuye estos atropellos a un grupo criminal que se hace llamar Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln).

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De acuerdo con el reporte, los homicidios en esta región del país se han disparado desde el 2015, cuando la extinta guerrilla de las Farc firmó un cese del fuego durante las negociaciones de paz con el Gobierno. De 96 asesinatos documentados ese año se pasó a 161 entre enero y noviembre del 2019.

En el informe, la ONG estadounidense sostiene que la mayoría de los crímenes en Colombia están quedando en la impunidad. “Hasta septiembre, de más de 400 casos que permanecen en investigación, la Fiscalía había obtenido condenas en apenas ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017. Ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados”, denuncia la HRW.

Los venezolanos, en general, viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual

La ONG sostiene que durante el 2019 aparecieron por lo menos 16 cuerpos en Arauca que fueron ajusticiados por estos grupos.

Las organizaciones armadas en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajos forzados sin remuneración, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.

“Las reglas son: no se le puede hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, podemos ser asesinados”, relata otro testimonio.
Según los denunciantes, los grupos armados hasta impiden que los conductores de motos usen cascos para poder identificarlos con claridad.

De acuerdo con HRW, su evaluación en el terreno les ha permitido concluir que la situación no mejorará mientras el Gobierno colombiano siga enfocando su estrategia en solo enviar militares, sin fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas, y a servicios públicos.

También sugiere que la consolidación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) –que en Arauca fueron formulados en cuatro municipios y ya comenzaron a implementarse– podría contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de DD. HH.

El informe, además, recuenta la dramática situación en la que están cerca de 44.000 venezolanos que han llegado a Arauca desde el 2015. “Los venezolanos, en general, viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual. En algunos casos, una vez que llegan a un prostíbulo, les retienen sus documentos y se les da ropa, comida y ‘vivienda’ que deben pagar con su trabajo. Las cantidades que se les exigen son tan exorbitantes que nunca podrían saldar la deuda”, se afirma en el reporte.

Además, sostiene, en Arauca se está extendiendo la xenofobia contra los venezolanos, pues los residentes los culpan por el incremento de la delincuencia. Sobre este punto, el reporte afirma que la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, creada en septiembre del año pasado para investigar atrocidades cometidas en Venezuela, “debería examinar los abusos perpetrados por grupos armados en Venezuela con la tolerancia o connivencia de las fuerzas de seguridad”.

Así mismo, afirma Vivanco, debe mantenerse la presión internacional contra el presidente Nicolás Maduro añadiendo nuevas sanciones a altos funcionarios venezolanos que hayan sido cómplices en los abusos cometidos por estos grupos. Entre ellas, el congelamiento de sus activos y la prohibición de ingreso a países de la región.

SERGIO GÓMEZ MASERI 
Corresponsal de  
WASHINGTON