Economía

Ojo al publicar el listado de morosos en los conjuntos

Ojo al publicar el listado de morosos en los conjuntos

Dos integrantes del consejo de administración de un edificio preguntan: “¿De acuerdo con la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional es ajustado a la ley y viable fijar los listados de morosos en las porterías de los interiores del conjunto?”. Agregan que “muchos propietarios han retirado estas publicaciones y otros han amenazado con demandar por violación de sus derechos”.

Respuesta. Antes de la jurisprudencia citada, y por disposición del artículo 30 de la Ley 675 del 2001, la norma dice que mientras subsista el incumplimiento en el pago de expensas, se podrá hacer la publicación de los listados de personas que se consideren como morosas de acuerdo con los reglamentos y con la ley.

Aunque la Corte ya había expuesto su posición en otras oportunidades, en el sentido de que con esta medida no se violaba el derecho al buen nombre de las personas infractoras, en su reciente pronunciamiento –y frente a demandas instauradas contra el artículo 30 de la ley– determinó que la norma se ajusta a la Constitución.

Los conjuntos no están autorizados a publicar datos sensibles e información no relevante para la comunidad; sobre todo, la información que tiene que ver con la protección de la intimidad...

Además, agregó que medidas como esta constituyen unas formas adecuadas de conciliación para evitar acudir a los jueces y conflictos en los conjuntos residenciales.

A esto hay que agregarle que al señalar que la norma es exequible y que con la medida no se viola el derecho a la intimidad, hizo la salvedad de que “los conjuntos no están autorizados a publicar datos sensibles e información no relevante para la comunidad; sobre todo, la información que tiene que ver con la protección de la intimidad de cada propietario o arrendatario”.

Actas y consejos

Un propietario que fue nombrado en el comité verificador del acta de una asamblea extraordinaria explica que el documento no contiene, exactamente, los asuntos tratados y decididos en la reunión.

Ante esta situación envió una carta con las observaciones pertinentes. Sin embargo, el administrador argumentó que el acta ya estaba publicada, y por ello no se podía modificar. Pregunta: “¿Es cierta esta justificación, aun cuando los escrito no coincida con la realidad? ¿Qué se puede hacer en caso de que algunas decisiones tomadas no cumplan con la ley?

Respuesta: el texto del acta solo se puede corregir por errores formales, únicamente si aún no ha sido firmada por el presidente y el secretario, tal como lo consagra el artículo 47 de la Ley 675 del 2001.

En caso contrario, una alternativa para corregirla podría ser la elaboración de un acta aclaratoria, que deberá ser firmada por las mismas personas y por los miembros la Comisión Verificadora. Sin embargo, si se trata de que la asamblea haya tomado decisiones que no se ajustan a la ley o al Reglamento de Propiedad Horizontal, lo que procede es la impugnación por parte de los propietarios de los bienes privados.

En este punto vale destacar el artículo 382 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012) que dispone que la demanda de impugnación de decisiones de asambleas o de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado, solo podrá proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del respectivo acto. Agrega, además, que si se trata de actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción.

Lo anterior significa que una decisión del consejo, facultado por el reglamento para imponer sanciones, también puede ser impugnada durante dentro del mismo término.

Uso de zonas comunes

Un grupo de propietarios escribe que en un edificio construido hace cuatro años, varios residentes estacionan sus carros y motos en zonas de circulación o de maniobra. Este hecho fue detectado cuando una nueva administración hizo un reconocimiento de todos los bienes comunes, entre ellos los estacionamientos y las demás zonas y bienes comunes de los sótanos.

Por ello, después de informar al consejo, les solicitó a los ocupantes de las zonas de circulación que utilizaran sus estacionamientos privados y los comunes de uso exclusivo destinados para tal propósito. Sin embargo, se ha presentado mucha resistencia para devolver estas zonas.

Preguntan: “¿Después de tanto tiempo no hay un derecho adquirido sobre estas zonas? ¿Qué se puede hacer para organizar de nuevo esta distribución de acuerdo con los planos del edificio?

Respuesta: las circulaciones indispensables para el aprovechamiento de los bienes privados tienen el carácter de bienes comunes esenciales y no pueden ser destinadas al uso exclusivo y permanente de ningún propietario. Además de esto, la exigencia de determinado número de parqueos y de las dimensiones y condiciones de las zonas de maniobra, se derivan de las normas urbanísticas.

NORA PABÓN GÓMEZ
Abogada, asesora externa